Una amenaza que beneficia a la gente pero hace repensar a los comerciantes tradicionales de los pueblos
En Baní, en Azua, en Barahona, en Nagua, el paisaje comercial cambió en pocos años. Donde antes el supermercado tradicional del pueblo y el almacén de toda la vida resolvían la compra semanal de la familia, hoy se levanta una sucursal de Bravo, de Sirena, de Olé o de Plaza Lama, con precios que compiten con un volumen que ningún negocio local puede igualar. La directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, Jenniffer Troncoso, lo resumió con franqueza, las grandes cadenas se están acercando cada vez más a las comunidades para que la gente no tenga que desplazarse a buscar sus productos. Ahí está el nudo del asunto. Lo que para el consumidor es comodidad y mejores precios, para el comerciante tradicional del pueblo es una pregunta que ya no puede posponer, cómo sobrevive frente a un competidor que juega otro partido.
Conviene decirlo sin rodeos, la llegada de estas cadenas no es mala noticia para la gente. Un ama de casa en Azua que antes pagaba sobreprecio por productos que llegaban con varios intermediarios hoy accede a la misma leche, el mismo aceite, el mismo detergente, a un precio más bajo. Eso es bienestar real y no debería minimizarse. Pero el bienestar del consumidor no puede ser la única variable. El supermercado y el almacén del pueblo no son solo un punto de venta, son un eslabón de la economía local que compra a proveedores de la región, fía a la familia que pasa mal mes y emplea a decenas de vecinos. Cuando ese dinero se desplaza hacia una cadena con sede en la capital, el peso que antes circulaba varias veces dentro del pueblo sale del circuito local en el primer giro.
La competencia, además, no ocurre en igualdad de condiciones. Una cadena nacional negocia precios de compra que ningún comerciante de pueblo puede igualar, accede a financiamiento que la banca comercial rara vez ofrece a un negocio familiar, y absorbe pérdidas en una sucursal mientras gana en otras diez. Según cifras del Banco Central, más de la mitad de los ocupados en el país trabaja en la informalidad, y el comercio local de los pueblos es uno de los principales refugios de ese empleo. No hablamos de un sector marginal, hablamos de cientos de miles de familias cuyo sustento depende de un negocio que hoy compite en desventaja.
Actuar antes, no después
Lo digo desde la banca de fomento y no desde la tribuna. En el Banco Agrícola vemos todos los días la otra cara de esta historia, la del comerciante que llega a pedir una línea de crédito cuando la sucursal de la cadena ya inauguró a dos cuadras y las ventas ya cayeron. Ese es el momento equivocado para empezar a modernizarse. La banca que financia el desarrollo rural tiene la obligación de adelantarse, identificar con tiempo a los comerciantes de las zonas donde se anuncia una nueva apertura y sentarse con ellos antes de que la competencia llegue, para ayudarlos a repensar su negocio, sea en tecnificación, renovación de inventario, alianzas de compra conjunta o reconversión hacia lo que la gran cadena no atiende bien, como el crédito de confianza al cliente o el producto local que el pueblo prefiere.
No se trata de frenar la expansión de las cadenas, sino de que la banca de fomento, el Estado y el propio sector privado construyan una cancha donde el comercio tradicional también pueda competir, con anticipación y no como respuesta de emergencia. El comercio de los pueblos ha resistido crisis y cambios de gobierno durante generaciones. Tiene la resiliencia, lo que le falta es que alguien llegue antes que la competencia y no después.
Por Eddy Montás
La entrada El comercio del pueblo frente al gigante se publicó primero en El Nuevo Diario (República Dominicana).
