EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Familiares y representantes legales de Angélica Geraldine Hernández manifestaron su indignación por la falta de avances en la investigación sobre su muerte, ocurrida hace seis meses durante un procedimiento médico en la Clínica Diosa, en Santiago. Los parientes cuestionaron el accionar del Ministerio Público en esa provincia y reclamaron la intervención de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, al considerar que el expediente permanece paralizado pese a que las autoridades ya dispondrían de informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif ) y del Ministerio de Salud Pública.
La joven Marlenne Rodríguez, prima de la fallecida, afirmó que los familiares se han visto obligados a protestar debido a lo que considera un trato injusto por parte de funcionarios vinculados al caso. Rodríguez sostuvo que, en lugar de recibir respuestas, los familiares son señalados como personas agresivas cuando reclaman información y justicia. Aseguró que han estudiado el expediente y conocen sus derechos, por lo que continuarán exigiendo respuestas ante lo que calificó como una situación de indiferencia hacia las víctimas y sus familiares.
Rodríguez señaló directamente a funcionarios del Ministerio Público en Santiago, a quienes responsabilizó de no dar seguimiento adecuado al caso. Según expresó, existen otros expedientes que también permanecen archivados o sin solución, mientras los familiares de Angélica continúan esperando resultados.
El señor José Eduardo Hernández, padre de Angélica Hernández, afirmó que la familia no permitirá que el caso quede en el olvido y anunció que acudirá a las instancias nacionales si las autoridades de Santiago no ofrecen respuestas. Hernández hizo un llamado a la procuradora general de la República para que intervenga personalmente en la investigación, alegando que desconoce lo que, según él, está ocurriendo con el expediente en Santiago. También acusó a fiscales vinculados al caso de mantener paralizada la investigación durante aproximadamente seis meses.
Hernández cuestionó que los responsables de la muerte de su hija continúen en libertad mientras la familia espera avances. Según su denuncia, los médicos involucrados en el procedimiento fueron Óscar Polanco, Cindy Jiménez, Caris Peña y Eriberto Liranzo, quienes habrían realizado el procedimiento en la denominada Clínica Diosa, en Santiago.
El abogado Pedro Domínguez Brito, representante de la familia, explicó que el expediente lleva alrededor de seis meses sin que los familiares hayan recibido resultados concretos. Afirmó que el Ministerio Público ya cuenta con informes del Inacif y del Ministerio de Salud Pública que, según su versión, establecen que la clínica donde se realizó el procedimiento operaba de manera ilegal y no reunía las condiciones requeridas para prestar ese tipo de servicios. También señaló que los médicos involucrados no serían miembros de la Sociedad Dominicana de Cirujanos Plásticos.
Domínguez Brito criticó el trato recibido por los familiares en la Fiscalía de Santiago y aseguró que en varias ocasiones han sido citados y posteriormente no atendidos o recibidos con una actitud que, a su juicio, resulta inapropiada frente al dolor de la familia. Como ejemplo del ambiente que, según dijo, encontraron en la institución, relató que una persona habría respondido a la madre de la víctima, al conocer la situación, con la expresión: “Bien muerta está”.
Los familiares y su representación legal también destacaron el trato recibido por el general de la Policía Nacional en Santiago, a quien describieron como una persona que les atendió con respeto y disposición. En contraste, reiteraron sus críticas al Ministerio Público de Santiago y pidieron una investigación efectiva que permita esclarecer las circunstancias de la muerte de Angélica Geraldine Hernández y establecer las responsabilidades penales que correspondan.
La familia anunció que continuará realizando acciones para exigir respuestas y que, de ser necesario, llevará sus reclamos ante las autoridades nacionales en Santo Domingo. El caso permanece bajo investigación y serán las autoridades competentes las llamadas a determinar, conforme a las pruebas y al debido proceso, si existen responsabilidades por la muerte de la joven.
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