EL NUEVO DIARIO, SAN CRISTÓBAL.- El Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal impuso este martes tres meses de prisión preventiva al pastor Ángel Gabriel Capellán, imputado por el Ministerio Público de presunto maltrato físico y psicológico, privación de alimentos, trabajo o servicio forzado y trata de personas en perjuicio de 14 menores de edad.
La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras avanza el proceso judicial relacionado con los hechos investigados en la Fundación Restaurando Vida “Un Muerto que Revive”, ubicada en el municipio de Bajos de Haina.
En el mismo proceso, el tribunal dispuso presentación periódica para Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, quien también figura como imputado en el expediente.
El Ministerio Público sostiene que ambos están vinculados a presuntos hechos de trata de personas con fines de explotación laboral, así como a maltrato físico y psicológico contra los menores. Para sustentar su solicitud de prisión preventiva, el órgano acusador presentó, según el expediente citado por medios locales, 40 elementos de prueba, entre ellos declaraciones de menores obtenidas mediante Cámara Gesell.
Un proceso que fue aplazado en varias ocasiones
La decisión se produjo luego de que el conocimiento de la medida de coerción fuera aplazado en varias oportunidades. En la última audiencia, celebrada el pasado jueves, el tribunal volvió a posponer el proceso para permitir que las madres de los menores pudieran comparecer debidamente constituidas y acreditar su calidad dentro del proceso.
El abogado David Ruiz, representante legal de varias madres querellantes cuestionó entonces que el Ministerio Público pretendiera avanzar con la audiencia sin la presencia de quienes ejercen la autoridad parental de los menores.
“Estamos pidiendo que se establezca qué pasó en el día de hoy, ante la pretensión poco seria y poco transparente, pero fallida, del Ministerio Público de que se conociera la audiencia sin la presencia de quienes ostentan la autoridad parental, de quienes ostentan la calidad de madres de esos menores”, declaró Ruiz.
El jurista sostuvo que el juez entendió que las madres debían estar presentes para ejercer sus derechos dentro del proceso y garantizar el debido proceso.
De igual manera, el abogado Luis Canela explicó que el aplazamiento anterior estuvo relacionado con la representación legal de los menores, debido a que estos cuentan con una doble representación y se presentó ante el tribunal un abogado que manifestó representar a las madres. Según explicó, el tribunal decidió regularizar esa representación conforme a las disposiciones legales.
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