BUENOS AIRES.— La Justicia argentina ordenó este miércoles frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en las islas Malvinas, archipiélago administrado por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina.
La jueza federal Mariel Borruto, de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, hizo lugar a una medida cautelar presentada contra el proyecto.
La resolución ordena a las empresas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en marcha la explotación petrolera en aguas del Atlántico sur.
Prohíben obras de explotación
La medida judicial prohíbe perforar el lecho o subsuelo marino, instalar infraestructura destinada a la extracción y transporte de crudo, así como ejecutar obras terrestres y portuarias vinculadas con el proyecto.
La magistrada también ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production entregar información sobre el estado actual de Sea Lion.
Entre los datos solicitados figuran un cronograma actualizado de las actividades, la lista de contratistas, las entidades financieras y aseguradoras involucradas y los estudios ambientales realizados.
Reclamo por impacto ambiental
La denuncia fue presentada el primero de septiembre por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de las Malvinas de La Plata (Cecim).
Los demandantes cuestionan que el proyecto no cuenta, según su planteamiento, con la evaluación de impacto ambiental y las autorizaciones gubernamentales que exige la legislación argentina.
La presentación también incorpora la disputa de soberanía sobre las Malvinas y sostiene que el desarrollo petrolero constituye una acción unilateral contraria a resoluciones de Naciones Unidas relacionadas con el conflicto.
Sea Lion prevé producir crudo en 2028
El proyecto Sea Lion es una iniciativa de explotación petrolera offshore situada en la cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros del archipiélago.
La iniciativa contempla comenzar la extracción de crudo en 2028. Para Argentina, el área se encuentra dentro de su plataforma continental y está vinculada con su histórico reclamo de soberanía sobre las islas y las aguas circundantes.
El nuevo proceso judicial se suma a otra denuncia presentada por el Gobierno argentino el pasado 8 de septiembre contra Navitas, Rockhopper y otras compañías petroleras que operan en las Malvinas.
Empresas y Reino Unido defienden operaciones
Tras las acciones judiciales, Navitas afirmó en un comunicado que opera bajo licencias que considera válidas y otorgadas legalmente por el Gobierno de las islas Malvinas.
La empresa también sostuvo que no prevé que las acciones emprendidas en Argentina tengan un efecto significativo sobre las actividades de desarrollo de Sea Lion.
El Reino Unido, por su parte, señaló en una guía publicada este martes, titulada “Haciendo negocios con las islas Malvinas”, que Argentina no posee jurisdicción para aplicar su legislación interna en el archipiélago.
La decisión judicial argentina añade un nuevo capítulo a la disputa por las Malvinas, ahora vinculada directamente con el desarrollo de recursos petroleros en el Atlántico sur.
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