Baní, Peravia. – El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas imputadas en la nueva fase de la investigación por el presunto fraude cometido contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), denominada Operación Cobra 2.0-A.
La audiencia para conocer la medida de coerción está fijada para hoy lunes, a las 2:00 de la tarde, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Además de la prisión preventiva, el órgano acusador solicita que el proceso sea declarado complejo.
El expediente, de unas 525 páginas, fue depositado por el Ministerio Público la noche del sábado, después de dos jornadas de interrogatorios a los detenidos.
25 personas imputadas
Aunque durante los allanamientos fueron arrestadas inicialmente alrededor de 28 personas, el Ministerio Público presentó solicitud de medida de coerción contra 25 imputados.
Entre los sometidos figuran médicos, empleados vinculados a SeNaSa y otras personas relacionadas con el sector salud.
Los nombres incluidos en la solicitud son:
Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
También figuran Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
¿De qué acusa el Ministerio Público a los imputados?
De acuerdo con la investigación presentada por el órgano acusador, esta nueva fase estaría relacionada con un esquema mediante el cual se habrían utilizado datos personales de afiliados de SeNaSa para generar autorizaciones médicas y facturar servicios que, según las pesquisas, nunca fueron solicitados ni recibidos por los pacientes.
El expediente identifica 4,363 autorizaciones correspondientes a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, por un monto de RD$41,125,551.02, correspondientes al período comprendido entre enero de 2021 y febrero de 2025.
El Ministerio Público sostiene que, después de efectuarse los pagos, algunos médicos habrían entregado entre 40 % y 60 % de lo cobrado a integrantes de la estructura investigada, mediante efectivo o transferencias bancarias.
La investigación también señala que se habrían confeccionado expedientes clínicos ficticios, utilizando información real de afiliados para registrar diagnósticos, consultas y procedimientos que supuestamente nunca fueron realizados.
En algunos casos, los investigadores contactaron a afiliados cuyos nombres aparecían en los registros y estos habrían negado conocer a los médicos que figuraban en sus expedientes o haber recibido los servicios facturados.
Empleados de SeNaSa también aparecen entre los imputados
El Ministerio Público señala además a dos empleados de la ARS estatal.
Uno de ellos es Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, supervisor de Servicios a Usuarios, a quien se atribuye haber facilitado el acceso no autorizado a bases de datos de SeNaSa.
También figura Heidy Coronado Paulino, a quien la investigación atribuye acceso a información de usuarios, gestión de pagos y promoción del supuesto uso irregular de sellos y firmas médicas.
Una operación con 37 allanamientos
La Operación Cobra 2.0-A fue ejecutada la madrugada del viernes 18 de septiembre mediante 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
En el operativo participaron aproximadamente 45 fiscales y 200 agentes de la Policía Nacional, además de miembros de unidades de investigación y con participación de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), bajo la coordinación del Ministerio Público.
Durante los allanamientos las autoridades ocuparon dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes, según informó el Ministerio Público.
La nueva fase forma parte de una investigación mayor
La denominada SeNaSa 2.0 no constituye un caso completamente separado de la investigación que comenzó con la Operación Cobra.
El Ministerio Público sostiene que se trata de nuevas líneas investigativas relacionadas con el supuesto entramado de corrupción que habría operado alrededor de la ARS estatal.
En la primera fase fueron procesados, entre otros, el exdirector ejecutivo de SeNaSa Santiago Hazim y otros imputados. A estos se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, según la acusación del Ministerio Público.
El órgano persecutor sostiene que el entramado habría generado un perjuicio de miles de millones de pesos al patrimonio público.
¿Por qué el Ministerio Público pide 18 meses?
La Fiscalía no solamente está solicitando prisión preventiva para los 25 nuevos imputados. También pide que el proceso sea declarado complejo, una condición que permite ampliar los plazos procesales debido a la naturaleza y dimensión de investigaciones de esta magnitud.
La solicitud de prisión preventiva corresponde al Ministerio Público; la decisión final sobre la medida de coerción corresponde al juez.
Las defensas niegan participación delictiva
Mientras el Ministerio Público sostiene que existen elementos que vinculan a los imputados con el supuesto esquema fraudulento, abogados de algunos de los médicos detenidos han rechazado esas imputaciones.
El abogado Manuel Mateo Calderón, representante de dos de los médicos, sostuvo que sus clientes no representan peligro de fuga ni de obstaculización de la investigación y que, según su posición, pueden enfrentar el proceso en libertad.
Otros abogados también han señalado que algunos de sus representados desconocían los detalles concretos de las imputaciones al momento de permanecer detenidos.
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Publicado el septiembre 21, 2026 por Patricia Báez Martínez
