Brasil elige a Lula: ¿un freno al avance de la nueva derecha en América Latina?

Por Andy Morel/Articulista

Lula volvió a ganar. Con cerca del 51,8 % de los votos válidos frente al 48,2 % de Flávio Bolsonaro, una ventaja superior a los cuatro millones de votos, el presidente brasileño aseguró el domingo 25 de octubre un cuarto mandato y le dio la vuelta a una primera vuelta que había perdido: allí Flávio le sacó casi dos puntos, con alrededor del 47 % frente al 45,1 % de Lula. Es una gran victoria para la izquierda brasileña, y cualquier análisis honesto debe empezar por reconocerlo.
Pero la noche electoral dejó más que un ganador. Dejó una decisión judicial discutible, un candidato derrotado que anuncia que no reconocerá el resultado y una pregunta que me interesa más que el marcador: ¿frenó Brasil a la nueva derecha latinoamericana, o simplemente confirmó que la región vive atrapada en una polarización de la que nadie sale indemne? Para responderla hay que mirar cómo ganó Lula, por qué votó la gente como votó y qué hicieron, en la jornada decisiva, las instituciones que debían arbitrar la contienda.

Una victoria que no elimina la polarización

Quien quiera leer en este resultado el final de la ola conservadora se va a llevar una decepción. La remontada de Lula fue real, pero 51,8 contra 48,2 no es un plebiscito: casi la mitad de los brasileños que eligieron entre los dos candidatos prefirió al otro. El país sigue partido, y esta elección no cierra las tensiones sociales, económicas e institucionales que alimentan esa fractura.
Tampoco conviene confundir ganar con tener un cheque en blanco. La gente vota por mil razones: el bolsillo, la ideología, el cansancio con el gobierno de turno, el miedo al adversario, la lealtad partidista, lo que espera del año que viene. Que Lula haya ganado no prueba que Brasil haya abandonado las ideas conservadoras, igual que una victoria de Bolsonaro no habría borrado a la izquierda del mapa.

¿Por qué volvió a imponerse Lula?

No tengo una explicación única, y desconfío de quien dice tenerla la misma noche de la elección. Lo más plausible es una combinación: la movilización de sus bases tradicionales, su arraigo entre los hogares de menores ingresos, el peso de los programas sociales y una campaña que peleó el voto hasta el último minuto. Cuánto pesó cada factor solo podrá medirse con más datos.

Las transferencias públicas pueden tener un efecto electoral enorme, sobre todo en los hogares que dependen de ese ingreso para cubrir lo básico. Pero concluir de ahí que quienes votaron a Lula lo hicieron por dependencia económica o por ignorancia es, además de injusto, un error de análisis. Mucha gente apoya esas políticas porque cree que reducen la pobreza, porque ve resultados o porque prefiere esa idea del papel del Estado. Es una posición legítima, se comparta o no.

La crítica liberal tiene que ser más fina que el desprecio. No se trata de negar que las políticas sociales puedan hacer bien, sino de preguntar qué resultados dan, cuánto cuestan, cómo se financian y qué incentivos crean a largo plazo. Una política no queda justificada solo porque gane votos, ni se descarta solo porque la aplique un gobierno de izquierda. Lo que importa es si sus beneficios compensan los recursos que consume y si existen alternativas que logren lo mismo a menor costo.

A la derecha brasileña le toca una lección incómoda: una base electoral enorme no garantiza la presidencia. Competir exige candidatos creíbles, puentes con el votante moderado y respuestas concretas a lo que preocupa en la vida diaria. La economía, la seguridad y el costo de la vida pesan tanto como las identidades ideológicas cuando llega la hora de votar.

La principal controversia: la ampliación del horario de votación

Y llegamos a lo que de verdad marcó la jornada. Faltaban minutos para el cierre habitual de las urnas, las cinco de la tarde en Brasilia, cuando el ministro del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin ordenó extender la votación hasta las siete de la noche en todo el país.

Según la prensa brasileña, la campaña de Lula había pedido primero al Tribunal Superior Electoral una prórroga en cinco estados y, poco después, acudió al Supremo para solicitarla en todo el territorio, alegando que varias alcaldías habían reducido la flota de autobuses el día de la votación. La campaña de Flávio Bolsonaro también pidió más tiempo, aunque solo en algunos estados. Zanin, sorteado relator minutos antes, atendió la petición de Lula, habló de «la gravedad de los hechos» y de una «urgencia evidente», y la extendió a todo el país. El Ministerio Público Electoral se había pronunciado en contra de alterar el horario fijado por ley, aunque pidió investigar lo ocurrido con el transporte.

El Tribunal Superior Electoral detuvo el conteo para acatar la orden y precisó que la prórroga solo regía donde la votación no había cerrado a las cinco. Es decir: en parte del país las urnas ya estaban cerradas cuando llegó la decisión, y esos electores no tuvieron las dos horas adicionales.

Eso plantea un problema institucional serio. La ley fija el cierre a las cinco y garantiza el voto a quienes ya están en la fila a esa hora. Que una decisión individual de un magistrado amplíe ese plazo en todo el país, en cuestión de minutos y con parte de las urnas ya cerradas, tiene pocos precedentes y deja preguntas razonables sobre su competencia, su fundamento jurídico y la igualdad con que se aplicaron las reglas.

Hay además un dato que no se puede esconder bajo la alfombra: Zanin fue abogado personal de Lula antes de que este lo propusiera para el Supremo. Eso no prueba que haya actuado por motivos partidistas ni invalida por sí mismo su decisión, pero obliga a un estándar más alto de transparencia y de fundamentación. A los jueces no les basta con ser imparciales; tienen que poder demostrarlo y parecerlo. Cuando una decisión excepcional responde a la petición de una de las partes, y esa parte es el antiguo cliente del magistrado, la carga de explicarse es mayor.

Conviene, eso sí, contar la historia completa. No fue solo Lula quien pidió más tiempo: Flávio Bolsonaro también lo hizo, con un alcance más limitado. La polémica central no es quién pidió, sino el alcance de lo que se decidió y las condiciones en que se aplicó.

Y aquí viene la parte que se está perdiendo en el ruido. En su primer discurso tras conocerse el resultado, Flávio Bolsonaro dijo que le resulta imposible reconocer la elección, criticó a Zanin por haber cambiado las reglas, recordó que fue abogado de Lula y aseguró que pedirá la anulación de los comicios. Tiene derecho a recurrir ante la Justicia Electoral, y la decisión de Zanin le da material para hacerlo. Pero un recurso no es una prueba. Con una diferencia de más de cuatro millones de votos, quien pida anular una elección tendrá que demostrar que esas dos horas alteraron el resultado, no solo que la medida fue irregular. Los especialistas consultados por la prensa brasileña discrepan sobre las consecuencias jurídicas: algunos ven en la decisión una grieta para impugnar; otros recuerdan que la nulidad de una votación afecta a la sección electoral, no a la elección entera, y que para invalidar los comicios nacionales haría falta que alcanzara a más de la mitad de los votos del país.

¿Pudo la ampliación influir en el resultado? Hoy nadie puede afirmarlo con rigor. Responder exige saber cuántos electores adicionales votaron gracias a la medida, cómo se repartieron sus preferencias y si hubo diferencias relevantes entre las secciones que siguieron abiertas y las que cerraron a la hora prevista. Una decisión polémica no demuestra, por sí sola, que haya alterado el desenlace. Y proclamar un ganador no exime de revisar cualquier impugnación fundada por las vías legales.
Hay que distinguir con cuidado. Una irregularidad de procedimiento, si llega a establecerse jurídicamente, debe examinarse por lo que es y por sus consecuencias. Hablar de manipulación deliberada de votos es otra cosa y exige otras pruebas. Hasta ahora, lo documentado es una decisión excepcional y una controversia jurídica seria. No hay evidencia de que Lula o su campaña manipularan el escrutinio.

¿Ventaja electoral o utilización indebida del poder?

Otro asunto que merece atención es la frontera entre gobernar y hacer campaña. Ampliar beneficios sociales, aliviar deudas o facilitar el transporte público puede formar parte legítima de un programa político. Pero cuando las medidas se anuncian o se ejecutan en plena campaña, es sano preguntarse si responden a un objetivo público razonable o si hay indicios de uso de recursos del Estado para favorecer al oficialismo.

En Brasil, los adversarios de Lula criticaron sus propuestas económicas y sociales por su impacto en las cuentas públicas y su efecto en la campaña. Es una crítica política respetable. Pero una crítica no es una sentencia: para hablar de compra de votos, abuso de poder económico o cualquier otra infracción electoral hay que señalar actos concretos, demostrar sus elementos jurídicos y acreditar responsabilidades.

Por eso mi criterio es el mismo gane quien gane. Si un gobierno usa recursos públicos para condicionar el voto, debe rendir cuentas, sea de izquierda o de derecha. Si aplica una política social legítimamente y respetando las reglas, no es irregular solo porque le suba la popularidad.

Lo mismo vale para las dudas sobre el sistema electrónico. Que haya interrupciones, cambios de posición entre los candidatos mientras avanza el conteo o diferencias entre proyecciones y resultados parciales no es, por sí mismo, evidencia de fraude. Tras la primera vuelta, el TSE explicó que una pausa de unos cincuenta minutos afectó a la visualización nacional de los resultados en su plataforma de divulgación, no al escrutinio ni a la totalización de los votos, y calificó de falso el rumor de que hubiera alterado el resultado. Las sospechas construidas sobre gráficos o rumores de redes sociales no sustituyen a las pruebas verificables.

Una crítica seria al proceso tiene que apoyarse en lo comprobable: la base legal de las decisiones, la transparencia de los procedimientos, la igualdad de trato entre candidaturas, la trazabilidad de los resultados y la existencia de vías reales para impugnar. Rechazar las acusaciones sin fundamento no obliga a mirar hacia otro lado ante decisiones institucionales discutibles; y señalar una decisión discutible no autoriza a dar por probado un fraude que nadie ha demostrado.

¿Qué significa esta victoria para América Latina?

Es un revés para la nueva derecha latinoamericana, pero sacar conclusiones regionales de una sola elección sería apresurado. América Latina no es un bloque ideológico: los electores alternan entre izquierda y derecha según lo que esperan de la economía, cómo evalúan a quien gobierna y qué alternativas ven en la papeleta.

La lección para la derecha es que no basta con denunciar al adversario. La crítica al gasto público, al tamaño del Estado o a la intervención económica pega más fuerte cuando viene acompañada de alternativas institucionales viables, explicaciones que la gente entienda y una evaluación honesta de lo que cuesta cada propuesta.

Y la izquierda no debería leer este triunfo como una autorización ilimitada. En una democracia constitucional, ganar da derecho a gobernar dentro de los límites de la ley, no a cambiar las reglas según convenga. Legitimidad electoral y legitimidad institucional se parecen, pero no son lo mismo: la mayoría elige a quien gobierna; el Estado de derecho decide cómo puede gobernar.

La pregunta de fondo, entonces, no es si Lula es una amenaza por ser de izquierda ni si Flávio Bolsonaro habría dado mejores resultados por ser de derecha. Es si las instituciones brasileñas son capaces de sostener una competencia política genuina, limitar los abusos de poder y garantizar reglas claras, previsibles e iguales para todos.

Conclusión: una victoria legítima debe resistir el escrutinio

Lula ganó una elección estrecha y su victoria importa para toda la región. Demuestra que la disputa entre izquierda y derecha sigue abierta y que las tendencias regionales no deciden por sí solas lo que hará el votante de cada país.

Pero la legitimidad democrática no puede servir de excusa para evitar las preguntas incómodas. La ampliación excepcional del horario, la decisión urgente de un magistrado que fue abogado de Lula y la incertidumbre jurídica que la rodeó merecen un examen riguroso. La imparcialidad judicial no solo debe existir: tiene que poder acreditarse con decisiones transparentes, reglas generales y procedimientos verificables.

Eso no equivale a decir que Lula haya cometido fraude. No hay pruebas que lo sostengan. Y tampoco equivale a darle la razón a Flávio Bolsonaro cuando afirma que es imposible reconocer el resultado: si cree que la decisión alteró la elección, el camino es el recurso ante la Justicia Electoral, con pruebas, no la negativa a aceptar lo que decidieron las urnas. Las controversias institucionales se investigan con seriedad; las acusaciones graves se apoyan en evidencia, no en afinidades políticas ni en sospechas.

Una democracia sólida no es aquella donde las instituciones nunca son cuestionadas, sino aquella donde pueden responder a las preguntas con pruebas, independencia y respeto por la ley. La victoria de Lula es un triunfo político de la izquierda brasileña; la calidad democrática de Brasil dependerá de que el poder siga sometido a límites efectivos.
¿Podrán las fuerzas políticas de América Latina aceptar que la democracia exige no solo ganar elecciones, sino respetar las reglas que permiten ganarlas con legitimidad?

El autor es politólogo.