Baní, Peravia.- Jennifer González (43), la principal imputada en el caso sobre matrimonios ficticios en Massachusetts, Estados Unidos, que está siendo acusada por la fiscal general Leah Foley, tiene antecedentes penales y condenas, las cuales vamos a enumerar de inmediato:
- 2010: Condena por recepción de bienes robados (sentenciada a libertad condicional).
- 2011: Condena por allanamiento de morada y posesión de herramientas para robo (sentencia de 2 años de prisión).
- 2013: Condena por múltiples fraudes de identidad (sentenciada a libertad condicional que violó y posteriormente fue sentenciada a 18 meses de prisión).
- 2016: Condena por agresión y lesiones (sentenciada a un año de prisión).
Baní News localizó esta información en el ’Affidavit in support of criminal complaint' presentado por el investigador Christopher Womersley al juez Paul G. Levenson, quien lleva el caso contra González y Erica Daniels, Cherice Alejandro, Amara Pugh, Jessica Tavares y Jaylin Hill.
El grupo está acusado de conspirar para cometer fraude matrimonial y de efectuarlos (unos 20 por año), utilizando informaciones falsas (cuentas bancarias conjuntas falsas, seguros de vida falsos, etc.), y en el caso de González, también está acusada de recibir del programa SNAP (alimentación) unos 120 mil dólares.
El monto cobrado a cada pareja era de entre 38 y 40 mil dólares, llegando la red a manejar unos 6 millones de dólares durante la última década.
La fiscal general de Estados Unidos Leah Foley, solicitó al juez Levenson mantener a González en prisión por presentar peligro de fuga. Baní News investiga a través del investigador privado en Miami José Fortunato, cuál fue la decisión del juez Levenson respecto al grupo.
González podría enfrentar una condena de hasta 30 años de prisión, tomando en cuenta de que por matrimonio fraudulento son hasta 5 años de cárcel, más otros 5 años por el cargo de conspiración por el mismo delito; y en el caso del fraude al SNAP, la condena puede llegar hasta 20 años de prisión, tomando en cuenta que los beneficios de estas actividades criminales la mujer los sacaba de Estados Unidos para invertirlos en bienes inmuebles en la República Dominicana.
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