Antes de convertirse en una tasa o aparecer en el informe de un comité, la infección asociada a la atención sanitaria queda escrita sobre el cuerpo del enfermo. Puede manifestarse en una herida quirúrgica que no cicatriza, una fiebre después del parto, el deterioro inesperado de un recién nacido o una bacteriemia provocada por el dispositivo que debía contribuir a salvarle la vida. La infección es biológica; pero las condiciones que le permiten alcanzar al paciente también son organizacionales, sociales y políticas.
El Ministerio de Salud Pública, con el acompañamiento del Servicio Nacional de Salud, juramentó recientemente 43 comités para la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud. Corresponden a hospitales y clínicas del Distrito Nacional y diferentes provincias. Sus integrantes recibieron certificados después de cumplir los requisitos establecidos para su conformación y asumieron el compromiso de fortalecer la vigilancia, aplicar los protocolos y promover una atención más segura.
La iniciativa debe reconocerse como necesaria. Las infecciones asociadas a la atención sanitaria figuran entre los eventos adversos más frecuentes y pueden prolongar la hospitalización, incrementar el uso de antibióticos, elevar los costos y producir discapacidad o muerte evitable. Por tanto, organizar equipos responsables de vigilarlas constituye una decisión correcta. La dificultad comienza cuando la conformación del comité se presenta como si fuera equivalente al control del problema.
Un comité constituido demuestra que existe una estructura. Un comité funcional evidencia que se reúne, vigila, investiga y recomienda. Pero solo la reducción de las infecciones demuestra que existe control efectivo. Entre esos tres niveles hay una distancia que no se recorre con certificados, sino mediante autoridad institucional, información confiable, trabajadores capacitados, recursos suficientes y decisiones oportunas.
Evaluaciones efectuadas al funcionamiento de hospitales de la red pública han encontrado suministro irregular de agua, deficiencias en el manejo de residuos, superficies deterioradas difíciles de limpiar, cruces entre materiales limpios y contaminados, limitaciones en esterilización y disponibilidad insuficiente de lavamanos e insumos de higiene. También se han observado carencias de personal en determinados turnos, mantenimiento predominantemente reactivo, protocolos aplicados de manera desigual, débil capacidad microbiológica y comités que existen formalmente, pero producen pocas evidencias de intervención y aprendizaje institucional.
Durante los últimos años se han remozado hospitales, ampliado emergencias e incorporado algunas tecnologías de imágenes y laboratorio. Son avances importantes. Sin embargo, una emergencia remodelada no garantiza agua microbiológicamente segura; un laboratorio equipado no necesariamente dispone de microbiología durante todo el horario requerido; y un lavamanos instalado no protege al paciente si falta jabón, alcohol o tiempo suficiente para que el trabajador cumpla el procedimiento. La modernización visible no equivale automáticamente a capacidad protectora.
En esas condiciones, ¿cuánto puede impactar un comité? Puede identificar que existe contaminación, documentar la falta de insumos, analizar un brote y recomendar cambios. Lo que no puede hacer por sí solo es contratar personal, reparar tuberías, adquirir equipos, garantizar el abastecimiento, reorganizar espacios o asignar presupuesto. Si sus recomendaciones no obligan a la dirección y no movilizan decisiones del SNS o de los propietarios de las clínicas, el comité podrá describir rigurosamente el riesgo mientras el paciente continúa expuesto.
El Programa Hospital Limpio puede aportar una herramienta concreta. Su propuesta de organizar la limpieza y desinfección, capacitar al personal, diferenciar equipos por áreas, evaluar superficies, auditar el cumplimiento y asegurar presupuesto aborda una de las rutas fundamentales de transmisión. Además, reconoce al personal de limpieza como parte activa de la seguridad del paciente y no como trabajador periférico. Pero este programa tampoco opera en el vacío: necesita insumos permanentes, supervisión, condiciones laborales adecuadas y coordinación entre epidemiología, microbiología, enfermería, calidad, mantenimiento y administración.
La situación adquiere una dimensión política cuando se comparan hospitales públicos y clínicas privadas. Las infecciones pueden producirse en ambos sectores y los dos deben ser regulados y fiscalizados. Sin embargo, no funcionan bajo las mismas condiciones. Algunos centros privados poseen mayor capacidad para trasladar costos, adquirir insumos y proteger su reputación institucional, aunque existen diferencias considerables entre las grandes clínicas y los establecimientos de menor capacidad.
En los hospitales públicos se concentra una población con menos posibilidades de escoger dónde recibir atención. A la sobredemanda y el hacinamiento pueden añadirse restricciones presupuestarias, insuficiencia de personal y dependencia de decisiones administrativas externas al establecimiento. El paciente no solo llega vulnerable por su enfermedad; también queda sometido a condiciones institucionales que no controla. No puede aceptarse que quien depende del hospital público tenga que asumir una protección inferior porque dispone de menos recursos para elegir.
Desde la epidemiología crítica, el cuerpo infectado no constituye solamente un hecho clínico individual. Se convierte en una cartografía donde pueden leerse el presupuesto que no llegó, el mantenimiento postergado, el turno incompleto, el insumo ausente, la limpieza insuficiente y la recomendación que nadie ejecutó. La bacteria puede ser la causa inmediata; pero detrás de su transmisión aparece una cadena de decisiones y omisiones que distribuye de manera desigual el riesgo de enfermar.
Los comités acreditados representan, por tanto, una capa de protección necesaria, pero no la respuesta ideal ni suficiente. Su impacto dependerá de que formen parte de una política integrada que incluya vigilancia epidemiológica, microbiología, control de la resistencia antimicrobiana, limpieza y desinfección, esterilización segura, suficiencia de personal, mantenimiento preventivo, disponibilidad de insumos y planes de mejora con responsables, recursos y plazos.
El Ministerio de Salud debe establecer estándares, supervisar y publicar resultados. El SNS debe garantizar las condiciones materiales y organizacionales en la red pública. Las clínicas privadas deben asumir el control de infecciones como obligación institucional y no como requisito decorativo de habilitación. Y cada dirección debe responder formalmente por las recomendaciones que reciba de su comité.
El éxito de esta iniciativa no deberá medirse por el número de personas juramentadas, reuniones celebradas o certificados entregados. Tendrá que demostrarse mediante la reducción de infecciones, brotes, estancias prolongadas, discapacidad y muertes evitables. Cuando aparezca la próxima infección sobre el cuerpo de un paciente, ¿podrá el comité demostrar que tenía autoridad y recursos para evitarla, o solamente podrá presentar el certificado de su acreditación?
El autor es miembro del Núcleo República Dominicana – GT Salud Internacional y Soberanía Sanitaria (CLACSO). Profesor universitario y exdirector de hospitales.
Por Roberto Lafontaine
La entrada El comité no desinfecta el hospital se publicó primero en El Nuevo Diario (República Dominicana).
