EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los comunicadores Dany Alcántara, Oscar Medina y Luisín Mejía , así como la planta televisora Color Visión fueron notificados de una querella penal incoada por tres abogados que se consideraron difamados e injuriados con pronunciamientos emitidos en el programa Hoy Mismo el 13 de noviembre del año pasado.
Los tres comunicadores y el Grupo Color Visión fueron notificados este martes mediante acto de alguacil para que comparezcan este jueves jueves 10 de septiembre a las 10:00 de la mañana por ante la procuraduría fiscal del Distrito Nacional en calidad de imputados civilmente demandados por los abogados Francisco S. Durán González, Enrique Alfonso Vallejo Garib y Carlos Julio Martínez Ruiz, según detalla un comunicado de prensa.
“La acción se refiere a expresiones emitidas durante el programa “Hoy Mismo Matinal” del 13 de noviembre de dos mil veinticinco (2025) difundido por televisión y simultáneamente mediante transmisión en vivo (streaming) a través de YouTube en los canales “@hoymismomatinal” y “@ColorVisionCanal9”, expresa la querella contra Alcántara, Medina, Mejía y Color Visión.
El sometimiento, recibido por la Fiscalía del Distrito Nacional el 16 de abril del 2026, dio lugar al expediente investigativo número 11001-2026-001523 e indica que “en la querella se atribuye a los imputados haber realizado, validado, reiterado o amplificado imputaciones consideradas difamatorias e injuriosas contra los hoy requirientes y se solicita su investigación penal, la correspondiente reparación civil y las demás medidas detalladas en sus conclusiones”.
El caso está a cargo de los procuradores fiscales María Miguelina Palma y Jhon Richard Suncar, adscritos al Departamento Investigativo de Crímenes Investigativos de Propiedad Intelectual y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional.
En la querella se advierte que “la incomparecencia voluntaria, una vez regularmente notificados, no impedirá que los querellantes comparezcan y presten sus declaraciones ni que el Ministerio Público continúe la investigación y adopte, dentro de sus atribuciones, las decisiones que correspondan”.
La violación por difamación e injuria emitida a través de medios digitales conlleva una sanción de hasta dos años de prisión.
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