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Noticias Publicado el septiembre 16, 2026 por Redacción Baní News 🌐 Fuente: El Nuevo Diario

Dictan tres meses de prisión preventiva a imputado por proxenetismo agravado y otros delitos en DN

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este miércoles tres meses de prisión preventiva al principal imputado de una investigación por proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos de alta…

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este miércoles tres meses de prisión preventiva al principal imputado de una investigación por proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos de alta tecnología, relacionados con la presunta explotación sexual de adultos y menores de edad.

El imputado es Henry Tomás Castillo Peña «Juan o El Patrón», de 57 años, quien deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) Najayo Hombres. La revisión obligatoria fue fijada para el 15 de diciembre.

En el mismo proceso, el tribunal impuso presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de RD$100,000 a Brailyn López del Rosario, alias Brayan, de 20 años, según detalla un comunicado.

Según el Ministerio Público, ambos fueron arrestados mediante órdenes judiciales luego de una investigación que habría establecido su vinculación con la oferta de servicios sexuales a través de redes sociales, mediante el uso de imágenes pornográficas y cobros en efectivo y a través de cuentas bancarias.

La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) indicó que las actividades investigadas se desarrollaban en un edificio de la calle Emilio Prud’Homme, en el sector San Carlos, Distrito Nacional.

La investigación está a cargo de la PETT, dirigida por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, junto con la Fiscalía del Distrito Nacional.

De acuerdo con el expediente, las pesquisas comenzaron a partir de información suministrada por Homeland Security Investigations (HSI) y la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, mediante el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT).

El Ministerio Público señaló que el 13 de noviembre de 2025 Castillo Peña fue intervenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) al llegar al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, debido a sospechas de su vinculación con delitos relacionados con abuso sexual infantil y posesión de contenido sexual explícito de menores.

Según las autoridades, durante la inspección de un teléfono Samsung Galaxy S25 Ultra que el imputado entregó a los agentes fueron encontrados en WhatsApp videos de abuso sexual infantil y una conversación en la que otro hombre solicitaba servicios sexuales de un presunto menor de edad.

El Ministerio Público sostuvo que en esa conversación Castillo Peña proporcionó la dirección de la calle Emilio Prud’Homme, donde posteriormente se realizó el allanamiento.

Durante el allanamiento, ejecutado el 9 de septiembre de 2026 mediante la orden judicial número 0025-septiembre-2026, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional encontraron a varias personas en el inmueble que, según la acusación, eran explotadas sexualmente.

En el lugar fueron ocupados cientos de preservativos y lubricantes, cuadernos con anotaciones sobre los servicios sexuales, facturas de pago, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, títulos de propiedad, pasaportes, dinero en efectivo y otros documentos.

La investigación cuenta con el apoyo del Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional (Dett), la División Especializada de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional (Deidet), la Unidad de Investigaciones de Trata de Personas y Delitos Conexos (Uitimc), la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público y otros organismos de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.

También recibe cooperación de Homeland Security Investigations (HSI). La jueza Ana Lee Florimón, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó las medidas de coerción.

NLP/

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