EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comisión especial de Justicia de la Cámara de Diputados se reunió este jueves para dar inicio a un proceso de socialización con representantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre el proyecto de ley que modifica la Ley 339-22, que habilita y regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial.
El presidente de la comisión, Tobías Crespo, explicó que el objetivo de la iniciativa es adecuar la legislación a los avances tecnológicos y a las experiencias acumuladas desde la entrada en aplicación de la Ley 339-22 en el año 2022.
Para conocer los planteamientos del Poder Judicial sobre la normativa fueron convocados representantes de la Alta Corte junto a un equipo técnico de esa institución, con el propósito de analizar junto a los legisladores los aspectos que requieren actualización.
“Este proyecto de ley lo que busca es adecuar ya la implementación que inició a partir del año 2022 de la Ley 339-22, que habilita el uso de los medios digitales en el Poder Judicial”, explicó el legislador.
Detalló que la propuesta que es de la autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y varios legisladores, plantea modificar tres artículos de la legislación vigente, que son el 5, 12 y el 14, incluyendo disposiciones contenidas en sus respectivos párrafos.
El diputado señaló que la revisión responde a los cambios experimentados por el sistema de justicia desde que comenzó a implementarse la modalidad digital, así como a los nuevos avances tecnológicos y los aprendizajes obtenidos durante ese período.
“Ya desenvolviéndose del 2022 hasta la fecha, pues, se ha decidido presentar una modificación para adecuar a los nuevos avances, a las nuevas tecnologías y, sobre todo, a los aprendizajes que la misma implementación ha dado”, sostuvo.
Crespo recordó que la Ley 339-22 surgió en un contexto marcado por la pandemia de la Covid-19, cuando las restricciones de movilidad obligaron a transformar la prestación de numerosos servicios, incluido el funcionamiento de la justicia.
Diputado Tobías Crespo (Video Lidia Pinales)
Indicó además, que durante ese período se produjo la necesidad de utilizar herramientas digitales para garantizar la continuidad de los procesos judiciales y posteriormente se hizo necesario establecer un marco jurídico que regulara formalmente esas prácticas.
Asimismo, explicó que este proyecto guarda relación con una decisión del Tribunal Constitucional (TC), que identificó un vacío jurídico respecto al uso de la tecnología en los procesos judiciales.
El legislador destacó que la justicia digital constituye una tendencia que se desarrolla tanto en República Dominicana como en otros países, por lo que consideró necesario que el marco legal pueda responder a esa evolución.
De su lado, la jueza de la SCJ, Nancy Salcedo, valoró el diálogo sostenido con los diputados y explicó que, aunque la legislación fue aprobada en 2022, los avances tecnológicos y la implementación del expediente electrónico hacen necesario adecuarla a las nuevas realidades del sistema de justicia.
Entre las principales propuestas presentadas por el Poder Judicial figura una modificación relacionada con la firma digital, con el propósito de facilitar que abogados y auxiliares de la justicia puedan suscribir documentos electrónicamente sin que esto represente un costo para ellos.
La magistrada subrayó que actualmente jueces, juezas y servidores judiciales cuentan con firma digital, mientras que otros actores del sistema deben recurrir al escaneo de documentos para incorporarlos a los procesos.
“Solamente todos los jueces y juezas y servidores tenemos firma digital, y los abogados y los auxiliares de la justicia hay que escanear para que ellos puedan firmarlos”, resaltó Salcedo, al destacar que la propuesta busca facilitar este proceso dentro de la transición hacia un expediente completamente electrónico.
Jueza de la SCJ, Nancy Salcedo (Video Lidia Pinales)
La representante de la SCJ destacó además el nivel de digitalización alcanzado por el Poder Judicial, indicando que actualmente se han digitalizado más de nueve millones de documentos, como parte del proceso de modernización de la justicia dominicana.
Otro de los puntos abordados durante el encuentro fue el régimen de las audiencias virtuales, Salcedo aclaró que la propuesta no busca establecer que los jueces estén obligados a celebrar las audiencias exclusivamente de manera virtual, sino que se contempla la posibilidad de utilizar un esquema híbrido.
En ese sentido, explicó que una parte de los participantes podría estar presente físicamente en la sala de audiencias mientras otros intervienen de manera remota.
La magistrada defendió que no se debe imponer una modalidad única que pueda afectar principios como la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
“La audiencia puede ser híbrida, o sea, una parte puede ser presencial y otra parte, si quiere, virtual. Tú no puedes obligar con una camisa de fuerza”, sostuvo.
Salcedo también destacó como uno de los aspectos relevantes de la modificación la incorporación de mayores mecanismos de seguridad jurídica y transparencia en las notificaciones realizadas por los alguaciles.
Manifestó que se plantea utilizar herramientas de georreferenciación que permitan comprobar que el alguacil efectivamente acudió al lugar donde asegura haber realizado una notificación.
La medida tendría especial importancia en procesos considerados sensibles, como los embargos, donde la correcta realización de las notificaciones constituye un elemento fundamental para garantizar los derechos de las partes.
“Tenemos que darle más seguridad jurídica, más transparencia, más confianza a la ciudadanía cuando un alguacil notifica que no sea en el aire”, manifestó la magistrada.
De acuerdo con Salcedo, las quejas relacionadas con el cumplimiento de las notificaciones forman parte de las situaciones que llegan a los sistemas disciplinarios del Poder Judicial, por lo que la implementación de mecanismos tecnológicos permitiría fortalecer los controles y la trazabilidad de las actuaciones de los alguaciles.
La magistrada calificó como positivo el intercambio con los diputados y destacó la importancia de que el Poder Judicial y el Poder Legislativo trabajen de manera coordinada para actualizar la normativa y garantizar que la digitalización de la justicia avance acompañada de mayores niveles de seguridad, transparencia y protección de los derechos de los ciudadanos.
La comisión especial de la Cámara Baja continuará el estudio de las modificaciones a la Ley 339-22, con el objetivo de adecuar su contenido a los avances tecnológicos y a las necesidades actuales del sistema judicial.
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