Roma. ─ La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció nuevos delitos para castigar la violencia durante las protestas, responsabilizar económicamente a los padres de menores que provoquen destrozos y reforzar la seguridad de Milán con 500 militares adicionales.
“Destrozar y robar no es protesta, es criminalidad”, advirtió.
En un mensaje difundido en video, Meloni explicó las medidas presentadas por su gobierno, que contemplan penas de hasta cinco años de prisión, multas de hasta 20 mil euros, responsabilidad económica para los padres de menores involucrados en destrozos y nuevas medidas de intervención preventiva.
La mandataria sostuvo que el gobierno pretende evitar que las escenas de violencia, robos y destrucción registradas en los últimos días se conviertan en una práctica habitual durante las movilizaciones sociales.
En la parte final de su mensaje, la mandataria defendió la distinción entre el derecho a manifestarse y las conductas delictivas.
Sostuvo que ninguna idea política, situación de malestar social u oposición al gobierno puede justificar los ataques contra establecimientos comerciales o los robos de mercancía.
Un nuevo delito: participación violenta en manifestaciones
"Si durante una marcha o una manifestación te unes a un grupo de cinco o más personas y te pones a lanzar piedras, petardos, palos, y pones en peligro la seguridad de todos, arriesgas hasta cinco años de cárcel y hasta veinte mil euros de multa. Si tenías el rostro cubierto o si has herido a alguien, la pena aumenta, y también aumentan las penas para quienes destrozan en grupo", señaló.
Los padres deberán pagar por los destrozos de sus hijos menores
Uno de los aspectos más destacados del anuncio es la responsabilidad económica que enfrentarían los padres de adolescentes que participen en actos vandálicos.
Meloni resumió esta disposición con una frase: «Quien rompe, paga. Y si quien rompe es un menor, pagan sus padres».
El procedimiento anunciado distingue entre daños a bienes públicos y privados.
Cuando los destrozos afecten propiedades públicas, como semáforos, paradas de transporte o vehículos oficiales, el prefecto podría emitir una orden de pago.
En el caso de establecimientos comerciales, automóviles particulares o propiedades privadas, los afectados podrían acudir a un juez para solicitar una orden de pago de ejecución inmediata.
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