BOGOTÁ.– Los grupos armados ilegales de Colombia aumentaron un 90 % durante los últimos cuatro años, al pasar de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026, según un informe de organizaciones de derechos humanos.
El reporte fue elaborado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, que reúne a 125 organizaciones del país.
Las entidades señalaron que el crecimiento de las estructuras armadas estuvo acompañado de una expansión de su presencia territorial y de un incremento de la violencia en distintas regiones de Colombia.
Clan del Golfo amplía su presencia
El Clan del Golfo, considerado la mayor banda criminal de Colombia, registró un crecimiento del 152 % y alcanzó presencia en al menos 429 de los 1.103 municipios del país, equivalente al 38,8 % del territorio municipal.
Las disidencias de las antiguas FARC también experimentaron un fuerte incremento. El informe estima que sus integrantes aumentaron un 109 %, con presencia en 376 municipios, alrededor del 34 % del total nacional.
En particular, la facción conocida como Segunda Marquetalia, comandada por alias Iván Márquez, registró un crecimiento del 108 %, de acuerdo con las cifras recopiladas por las organizaciones.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) también aumentó su número de integrantes, aunque en una proporción menor, con un crecimiento estimado del 22 % durante el período analizado.
Aumentan las víctimas por explosivos
El informe alertó además sobre el impacto de la violencia contra la población. Entre enero y agosto de 2025, al menos 544 personas murieron a causa de explosivos, cifra que representa un incremento del 145 %.
La violencia también afectó a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Durante el mandato del expresidente Gustavo Petro se contabilizaron 3.115 agresiones, frente a las 3.544 registradas durante el Gobierno de Iván Duque.
Aunque el número total de agresiones disminuyó un 12 %, las organizaciones señalaron que los asesinatos de líderes sociales se mantuvieron en 618 casos.
Las desapariciones forzadas, entretanto, aumentaron un 34 %, hasta alcanzar 78 casos durante el período analizado.
Cuestionan la política de paz total
Las organizaciones cuestionaron la política de “paz total” impulsada durante el Gobierno de Petro y consideraron que no logró consolidar resultados sostenibles en los territorios.
El informe atribuye esa situación a fallas metodológicas, problemas de articulación institucional y la resistencia de sectores vinculados con estructuras ilegales.
“El balance de la paz conduce así a una conclusión central: el fracaso de varios procesos de negociación no demuestra que una estrategia predominantemente militar pueda resolver el conflicto”, señala el documento.
Las entidades también instaron al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella a fortalecer la defensa de los derechos humanos, la paz y la democracia, y evitar retrocesos en estas áreas.
Asimismo, plantearon que la construcción de paz requiere negociación política, inversión social sostenida, transformación territorial, desmantelamiento del paramilitarismo y sus redes de apoyo, además de garantías de verdad, justicia y reparación.
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