EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La justicia de República Dominicana registra importantes avances en eficiencia, digitalización, transparencia e inclusión durante los últimos años, aunque todavía enfrenta retos relacionados con las desigualdades territoriales, económicas, de género y de acceso a sus servicios, según revela el informe Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Entre los hallazgos más relevantes en materia de gestión, el informe destaca que la cantidad de asuntos resueltos por el Poder Judicial aumentó de 452,869 en 2021 a más de 1.1 millones en 2025, mientras que la tasa de resolución pasó de 90.8 % a 98.4 % en ese mismo período. Además, el 87.8 % de los asuntos fueron resueltos dentro del plazo establecido.
Asimismo, los usuarios experimentan menos tiempo de espera: el tiempo promedio para la solución de los procesos judiciales se redujo de 95 a 75 días calendario entre 2021 y 2025, lo que representa una disminución de 20 días en la respuesta judicial.
En cuanto a la transformación digital, el estudio reconoce progresos significativos impulsados a partir de la pandemia. Para 2025, el Poder Judicial alcanzó un 91.8 % de gestiones en línea en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa.
En total, se han contabilizado más de 3 millones de documentos firmados digitalmente y un 66 % de los documentos procesados electrónicamente, contribuyendo de forma directa a reducir los costos de transacción y los tiempos de tramitación.
A nivel territorial, 9 de los 11 departamentos judiciales mejoraron su capacidad de respuesta en materia laboral entre 2019 y 2025, destacándose el Departamento Judicial de Barahona con un incremento del 56 %, el mayor ritmo de mejora relativa registrado en el período.
La investigación resalta la posición alcanzada por el país en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, en el cual República Dominicana se ubicó en el puesto 76 de 143 países a nivel mundial, tras avanzar diez posiciones (del puesto 86 al 76) y registrar un incremento del 2.1 % en su puntuación general, logrando consolidarse como uno de los países con mayores avances relativos en la región.
El estudio plantea que el verdadero impacto de las reformas debe medirse no solo por los indicadores de gestión institucional, sino también por la capacidad del sistema para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.
Al analizar la experiencia ciudadana, el estudio muestra que 6 de cada 10 personas consultadas no enfrentaron obstáculos durante su proceso judicial. Sin embargo, un 39 % de las 89 personas usuarias consultadas reportó alguna dificultad o barrera.
Entre las principales oportunidades de mejora identificadas por las personas usuarias figuran las demoras y los tiempos excesivos, con un 63 %; los gastos legales o costos del proceso, con un 46 %; la calidad de la atención, con un 26 %, y la distancia o dificultades de traslado, también con un 26 %.
La investigación dedica un espacio relevante al análisis de los grupos en condición de vulnerabilidad, subrayando la necesidad de fortalecer la protección de mujeres víctimas de violencia, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, migrantes y personas privadas de libertad, garantizando acompañamiento, accesibilidad, información clara y respuestas libres de revictimización.
Respecto a la relación entre justicia y desarrollo económico, el documento concluye que una justicia eficiente y predecible favorece la seguridad jurídica, protege los medios de vida, fortalece la confianza institucional y contribuye a un entorno propicio para las inversiones, el empleo y la productividad.
Ruta de Acción
El informe del PNUD propone once rutas de acción orientadas a consolidar una justicia más cercana a las personas mediante la reducción de barreras de acceso, el fortalecimiento de la planificación territorial, la expansión de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la consolidación de la transformación digital inclusiva y la ampliación de los servicios especializados.
Según el PNUD, el principal desafío de la próxima etapa consiste en lograr que los avances institucionales alcanzados se traduzcan en una experiencia de justicia más accesible, comprensible, oportuna y humana.
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