El pasado jueves, como parte del Observatorio de Seguridad, Defensa y Geopolítica RD, participé en un evento dedicado a la reforma policial. La jornada se configuró en dos paneles: uno sobre la reforma institucional y estructural, y otro sobre los avances educativos.
Es oportuno y justo recordar que los cimientos de esta transformación se remontan a 1991, cuando mi tío, el mayor general Ramón Alcides Rodríguez Arias, fue designado jefe de la Policía Nacional. En ese período se introdujo la meritocracia en las funciones, se combatieron irregularidades éticas y operativas, se estableció la rotación fija de las patrullas y se promovió la tecnificación de los policías.
La reforma policial ha entrado en una fase de mayor alcance, la de concretización: se han incorporado más de once mil jóvenes, con la meta firme de alcanzar veinte mil efectivos, y se ha logrado un hito en inclusión de género con más de dos mil setecientas mujeres graduadas. El patrullaje ha mejorado con el nuevo modelo de servicio policial —la sociedad dominicana se ha acostumbrado y se siente más segura con los policías de uniforme azul marino, se han creado nuevas estaciones policiales, instalado mil cámaras, incluyendo corporales, que fortalecen la transparencia y la supervisión. Más de ocho mil agentes han sido entrenados en el Sistema Táctico Policial, con programas que evolucionan hacia técnicos profesionales de dos años, y se han levantado nuevas infraestructuras que dignifican la labor diaria y consolidan la capacidad operativa.
La reforma policial debe entenderse como un proyecto a largo plazo. No constituye una fórmula inmediata para reducir la delincuencia, pero sí impacta directamente en el combate al crimen al dotar a la institución de mejores herramientas, mayor capacidad operativa y un nuevo marco legal sólido para fortalecer un sistema de carrera sustentado en la meritocracia, la disciplina y la integridad, alineado con estándares internacionales y con una visión estratégica de seguridad pública.
En definitiva, la reforma policial dominicana avanza con pasos firmes y agigantados. Los logros presentados reflejan que la reforma, transformación y modernización policial ya no es una aspiración nacional, sino que ha alcanzado la categoría de interés nacional rumbo a entrar dentro de los objetivos nacionales porque es una realidad en marcha que fortalece la institucionalidad, dignifica la función policial y contribuye a consolidar la confianza ciudadana en la seguridad pública. Un proceso orientado a consolidar a la Policía Nacional como una institución moderna, transparente y comprometida con los derechos humanos, preparada para responder a los desafíos de la sociedad contemporánea.
Por Juan Manuel Morel Pérez
Abogado, doctor en derecho Administrativo iberoamericano Magister en Seguridad y Defensa Nacional, Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, , Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa-RD
j.morelperez@gmail.com
Twitter @juanmanuelrdsoyyo
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