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Nacionales Publicado el septiembre 28, 2026 por Patricia Báez Martínez

Wilson Camacho advierte a los médicos no prestar sus códigos

Baní, Peravia.- El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, instó a los médicos a no prestar sus códigos o exequatur porque se pueden ver involucrados en un expediente judicial.

“Este es un proceso del que debemos aprender y quiero aprovechar para exhortar a los médicos a que no presten sus códigos; prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal. Si los 22 médicos que fueron procesados en este caso no hubiesen prestado su código, este caso no hubiese existido”, explicó Camacho tras salir de la audiencia de medida de coerción del caso Senasa 2.6, que involucra a 26 personas, entre médicos, propietarios de farmacias y ex empleados de Senasa.

De los 26 encartados, a 24 le fue impuesta privación de libertad (8 en Las Parras y Najayo Mujeres y el resto de los 24 privados de libertad en prisión domiciliaria.

Los que irán a cárcel son Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación, que cumplirán la prisión preventiva en la cárcel de Las Parras.

A Najayo Mujeres serán enviadas: Isabel Heredia Vallejos, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista.

Arresto domiciliario

Los implicados que cumplirán prisión en casa son Lucreisy Polanco Núñez, Martha María Saldaña Saldaña, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Víctor Felipe Rodríguez García, Luz Esther Reyes Durán y Alberto Batista Cruz.

Además Heidy Coronado Paulino, Engels Federico Díaz Mendoza, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Keila Beatriz Acosta Leonardo.

otras medidas

Los implicados José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltre se les fue dictada las medidas de impedimento de salida, presentación periódica y el pago de una garantía económica como medida de coerción.

Todas estas medidas fueron impuestas por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena.

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